La educación es una de las grandes necesidades de una sociedad, con esta se crea y transmite conocimiento, es la gran base sobre la cual se construyen, avanzan y se desarrollan las naciones. La educación es considerada por muchos un derecho fundamental, es decir que para la satisfacción de otros derechos es necesario que este primero sea cumplido, en otras palabras, al no garantizar la educación muchos derechos más serán violados.

Nuestro país, Colombia, tiene tres niveles de educación, básica primaria, básica secundaria y educación superior; todos estos funcionan de manera separada pero articulada en especial las dos primeras de la última. Para garantizar el derecho de la educación, es deber del gobierno nacional proveer una educación pública, gratuita y de calidad en todos los niveles de la educación, pero a través del tiempo los estudiantes y la nación se han encontrado con una administración nacional que se hace la de los oídos sordos, mientras el pueblo pide a gritos por una política pública de educación que le beneficie siendo reprimidos con mano fuerte.

Educación

Es el caso de la educación superior que en el año 2018 completó más de dos meses en paro en más de la mitad de las Instituciones de Educación Superior – IES públicas por todo el país, la razón principal, falta de presupuesto para finalizar el año y financiación para la continuidad de las IES, además de tener exigencias en materia de autonomía, calidad, bienestar y democracia.

La problemática según los estudiantes y profesores universitarios, radica en la ley 30 de 1992, específicamente sus artículos 86 y 87 los cuales permiten que el gobierno nacional en su presupuesto general de la nación para cada año como mínimo, destine para la educación superior el valor de la base presupuestal del año anterior más el IPC, esto ha hecho que las universidades cumplan sus tres objetivos misionales, academia, investigación y extensión con el presupuesto de una universidad de los noventa, cuando en realidad casi 30 años después las IES han crecido en cupos estudiantiles, oferta académica e investigación, lo que ha hecho que se tenga un déficit histórico cercano a los 20 billones de pesos.

El estudiantado de las distintas universidades colombianas tanto públicas como privadas se ha reunido en lo que hoy es conocido como la Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior – UNEES, reuniendo a más de 550 mil estudiantes de todo el país, iniciando un paro nacional estudiantil un jueves 11 de octubre después de un movilización pacífica y masiva en las diferentes grandes ciudades del país para lograr el cumplimiento de un pliego de exigencias que se llevó a la rama legislativa del estado.

A mediados de diciembre de 2018 se habían obtenido ciertos avances a la solución de la grave crisis financiera de las IES del país, un aumento a la base presupuestal para los siguientes años del IPC más 3.5 puntos porcentuales en el 2019, 4 puntos en el 2020, 4.5 puntos para el 2021 y 4.65 para el 2022, aunque es un gran logro, los estudiantes presentes en la mesa de diálogo, pertenecientes a la UNEES, ACREES y FENARES, manifiestan que la forma de subsanar el déficit presupuestal es alcanzando un crecimiento porcentual del IPC más 4.65 en cada uno de los cuatro años y la modificación de las legislaciones nacionales, para que en años posteriores la desfinanciación de las universidades no sea causa de paros nacionales.

Represión

Una situación que se creería no se uniría en un escrito sobre la educación, es el de la represión y violación de los Derechos Humanos – DDHH, pero es de gran necesidad conocerlo e informarlo. En algunas de las más de 10 movilizaciones que realizó durante más de dos meses el estudiantado del país, se presentaron graves acusaciones de violación a los derechos humanos, estudiantes heridos, reprimidos, detenidos sin causa justa, amedrantados, perseguidos y acorralados, debido al uso desmedido de la fuerza que se da por parte de la Policía Nacional y el Escuadrón Móvil Antidisturbios – ESMAD.

La marcha del 8 de noviembre que realizó la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá desde su campus universitario hacia el norte de la ciudad capitalina, salió por la carrera 30 para luego coger la autopista norte y llegar a la calle 100, donde hacían un plantón para luego disolver la manifestación, pero esta fue reprimida y dispersada antes por la fuerza pública disponible, lanzando aturdidoras y gases lacrimógenos sin motivo alguno, afectando una marcha que hasta el momento había sido completamente pacífica, además de acorralar y encerrar estudiantes en establecimientos comerciales impidiendo su salida, acto comparable con el secuestro.

No muy lejos y en la última de las movilizaciones estudiantiles del año 2018, el 13 de diciembre, se presentó abuso policial y represión a las manifestaciones en la ciudad de Bogotá en la calle 45 con carrera 19 a tan solo 10 cuadras del campus universitario de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá. En la ciudad de Popayán, la Universidad del Cauca en el marco de las movilizaciones fue gravemente herida, estudiantes fueron dispersados con aturdidoras, gases, tanques con cañones de agua, granadas y recalcas (metrallas), dejando a Esteban Mosquera, estudiante de música sin uno de sus ojos por causa de un artefacto explosivo que fue lanzado hacia su cara.

¿Y ahora qué?

Se celebra desde distintos estamentos universitarios los acuerdos a los que llegó la mesa de diálogo el 14 de diciembre, en los cuales se logran muchos avances para el problema coyuntural de la Educación Superior Pública en el país, con ganancias para la base presupuestal (funcionamiento) e inversión de las IES y la creación y asignación de dineros a la base presupuestal de las Instituciones Técnicas, Tecnológicas y Universitarias – ITTUS del país.

No obstante, como manifestaron muchos de los representantes estudiantiles de las diferentes plataformas, el paro continúa hasta que, en los procesos de base, como las asambleas estudiantiles de cada IES se determine lo contrario. Para lo cual es necesario que las garantías para la movilización y el derecho a la protesta sea legitimado y no violentado junto a los derechos humanos de los manifestantes. Es necesario que el gobierno de turno se comprometa cada vez más a tener una política de educación pública y gratuita, y no una voluntad de destinar grandes cantidades de dinero a la guerra y la represión, todo esto con el fin de que en Colombia la educación no cueste un ojo de la cara.